Vamos a tratar al analizar esta Sentencia la cuestión controvertida de la duración máxima del plazo de instrucción y de lo que sucede cuando la declaración de complejidad se produce transcurrido el plazo máximo previsto para la misma.

El caso es el siguiente: El procedimiento se inició por medio de Auto de fecha 28 de Abril de 2016, si bien las actuaciones fueron declaradas secretas con la consiguiente paralización del plazo máximo de instrucción.

El secreto fue alzado por medio de Auto de 07 de Marzo de 2018, momento en el que comenzó el cómputo del plazo de seis meses, el cual venció el 07 de Septiembre de 2018.

El Ministerio Fiscal solicitó la declaración de complejidad del 21 de Mayo de 2018 y el Auto resolviendo y declarando la complejidad se dictó el 11 de Octubre de 2018, es decir, transcurrido el plazo máximo de seis meses antes señalado.

La Audiencia estima el Recurso planteado por una de las defensas y deja sin efecto la declaración de complejidad al considerarla extemporánea, "por haberse efectuado una vez vencido el plazo de 6 meses de instrucción."

La Audiencia incide en que tanto el artículo 324.2 como el artículo 324.4 de la LEcrim exigen que la decisión de declarar compleja la causa o de prorrogar el término inicial, se adopte antes de la expiración de este plazo, (por el de seis meses) o antes del transcurso de los plazos establecidos en los apartados anteriores, (ya el de seis o el de dieciocho meses, o en su caso, de la prórroga que hubiese sido acordada).

La Audiencia recoge la doctrina establecida en ese sentido en el reciente Auto del Tribunal Supremo de 25-04-19, que a mayores incide en que transcurridos los plazos establecidos no pueden practicarse más diligencias de prueba, sin perjuicio de incorporar a la causa las acordadas con anterioridad al transcurso del plazo.

También deja claro el Tribunal Supremo que el transcurso del plazo no supone en ningún caso el archivo de la causa, si no concurren las circunstancias previstas en los artículos 637 y 641 de la LEcrim, sino la conclusión de la fase de instrucción y la continuación del proceso.

En definitiva, el artículo 324 establece un sistema de plazos máximos para el desarrollo de la instrucción en procesos penales que fija, un límite temporal infranqueable en el que el sumario o las diligencias previas han de concluir y ha de adoptarse la decisión que proceda, bien la continuación del procedimiento, bien el sobreseimiento de las actuaciones.

Por tanto, dado que es algo con lo que nos encontramos con cierta frecuencia, (dictado de Auto de declaración de complejidad transcurrido el plazo de instrucción), conviene si somos defensa, recurrir el mismo, pues la estimación del mismo conllevará la nulidad de todas las diligencias acordadas a partir del transcurso del plazo máximo, (no de las acordadas antes que pueden ser incorporadas), y conllevará la necesidad de que el juzgado de instrucción tenga que adoptar la decisión de continuar con la causa o su sobreseimiento, y lo cierto es que si la causa ha estado paralizada y las diligencias se han acordado extemporáneamente ello puede conllevar a que el juzgador se vea forzado a acordar el sobreseimiento de las actuaciones ante la falta de indicios de autoría en la comisión del delito.

Por contra, si nuestra posición es la de acusación debemos extremar el celo y estar pendiente en los casos en que sea preciso, de que se dicte el Auto de complejidad de la causa en plazo, o al menos que se hayan acordado las diligencias que interesamos antes de la finalización del plazo máximo de instrucción fijado, pues lo contrario podría resultar fatal para los intereses que defendemos.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, reunida en Pleno ha fijado con fecha 27-05-19 doctrina sobre la solución aplicable a los casos de daños en los bienes causados por la colisión recíproca de vehículos sin determinación del grado de culpa de cada conductor.

Dicha doctrina viene a completar la establecida por la Sentencia 536/2012 de 10 de Septiembre para los supuestos de daños a las personas, la cual en base a los principios de solidaridad social con las víctimas nos indicaba que la solución del resarcimiento proporcional es procedente solo cuando pueda acreditarse el concreto porcentaje o grado de incidencia causal de cada uno de los vehículos implicados, y de  no ser así, ambos conductores responden del total de los daños personales causados a los ocupantes del otro vehículo con arreglo a la doctrina de las "indemnizaciones cruzadas."

Ahora, para el supuesto de daños en los bienes, el criterio no puede ser el de la solidaridad social, sino el de la culpa o negligencia del conductor causante del daño, con la inversión de la carga de la prueba que resulta del texto legal y del principio general de responsabilidad por riesgo.

Pues bien, cuando ninguno de los conductores sea capaz de probar su falta de culpa o negligencia en la causación del daños el alto tribunal se inclina por que cada conductor asuma la indemnización de los daños del otro vehículo al 50%, para de ese modo evitar privar de indemnización al propietario del vehículo no causante del daño pero que no hubiera sido capaz de demostrar su falta de culpa así como también evitar indemnizar de manera completa al propietario del vehículo causante del siniestro pero sin que exista prueba al respeto.

El caso es el siguiente: Una persona que fallece en el año 2015 había otorgado testamento a favor de su entonces esposa en el año 2010, de la cual posteriormente se separó.

El TSJ declara que los testamentos a favor de los cónyuges son ineficaces cuando en el momento de fallecer estén separados o divorciados, legalmente o de hecho.

Considera el alto tribunal gallego que salvo que se especifique en el testamento que aun en los supuestos de ruptura o crisis matrimonial, el cónyuge es el heredero, esta disposición quedará sin efecto en estos casos, sin necesidad de declaración alguna de voluntad del testador que la complete o ratifique al tiempo de su fallecimiento, pues el legislador gallego parte del entendimiento de que las disposiciones testamentarias a favor del cónyuge se efectúan en su condición de tal y en tanto en cuanto lo sea, de manera que quedarán sin efecto si al fallecer los cónyuges se encontraran entre otros supuestos, divorciados o separados, legalmente o de hecho.

El supuesto de hecho es el siguiente: Una pareja muy joven, (19 años ambos), tiene un hijo. Un año después del nacimiento la pareja se rompe. El juzgado de instancia otorga la custodia compartida a ambos. La madre del menor se muestra disconforme al querer la custodia monoparental alegando que son los abuelos los que cuidan al niño y que el progenitor dada su edad es inmaduro e incapaz de dar de comer o bañar al niño.

La Audiencia rechaza estos argumentos, carentes por lo demás del mínimo soporte probatorio, y respeto de la ayuda de los abuelos no es en absoluto incompatible con el régimen de custodia compartida. A tal efecto la Audiencia refiere que:

"Es verdad que los abuelos no son los padres, y por tanto, no pueden suplantar su función. Pero dicho ésto, los abuelos pueden ser unos extraordinarios colaboradores de los padres, y más todavía en supuestos como éste donde prácticamente puede hablarse de padres adolescentes."

La Audiencia recalca que: "Cuando hablamos de custodia compartida, uno de los factores a valorar positivamente es la disponibilidad de los propios padres de los progenitores. La ayuda de los abuelos, lejos de ser un estorbo para fijar el concreto sistema de custodia es un importante aliciente. A tal efecto, cita la Sentencia del TS de 05 de Abril de 2019 en la que se concede la custodia monoparental a un padre porque, entre otras circunstancias, los abuelos paternos ofrecen una mejor atención al menor. Y es que, si los abuelos pueden suponer un apoyo fundamental en situaciones normales, más importancia cobran todavía en los momentos difíciles. No solo cuidan de los nietos, sino que preservan su estabilidad emocional.

Aunque de entrada nos pueda llamar la atención el titular, lo cierto es que se trata de una problemática cada vez más frecuente en las situaciones de crisis matrimoniales o de pareja. ¿Quién se queda con el perro cuando ambos desean hacerlo?

En el presente caso, el juez ha considerado que "deben aplicarse como criterios de resolución del conflicto los previstos para las crisis matrimoniales" por considerar que "los animales no son cosas sino seres dotados de sensibilidad, lo que implica que en determinados aspectos no se aplique supletoriamente el régimen de las cosas, sino que se ha de respetar su cualidad de ser sensible."

Al considerar a ambos miembros propietarios del animal, les otorga un derecho de posesión y disfrute compartido del perro, y dado que residen en provincias distintas, establece que dicho régimen se desarrollará de forma exclusiva por períodos alternativos de seis meses cada año, con la posibilidad de que durante un fin de semana al mes, el dueño que no lo tenga en su poder en ese momento, pueda tenerlo en su compañía, preavisando al otro copropietario con al menos una semana de antelación respeto del fin de semana en que va a ejercer dicho derecho.

Los gastos de atención sanitaria, veterinario, vacunas y otros extraordinarios serán sufragados al 50% entre los dos propietarios, previa justificación documental, y con independencia de con quien se encuentre el perro en ese momento. 

Los gastos ordinarios correrán de cargo de quien lo tenga en su poder.

El caso es el siguiente: Un particular publicó en una página web un anuncio sobre un denominado "Tour de la manada" consistente en hacer un recorrido por las calles de la capital navarra idéntico al que realizaron los condenados por el delito sexual en grupo cometido en los sanfermines de 2016.

En el citado anuncio figuraba además una fotografía del grupo.

El Juez instructor considera que dicho anuncio constituye un trato vejatorio para la víctima del delito y pudiendo revestir los hechos los caracteres de un delito contra la integridad moral, acuerda que la causa debe seguir por los cauces del procedimiento abreviado al efecto de que se depuren las correspondientes responsabilidades.

Quizá pueda sorprender un poco el titular pues habitualmente comentamos Sentencias de Derecho Penal, Derecho de Familia y otras ramas del derecho civil.

No obstante, asumimos como un reto profesional el caso que a continuación os vamos a comentar y que se saldó con una Sentencia estimatoria en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, tratándose de un auténtico hito que puede marcar un antes y después en nuestro sistema de salud y sobre todo en la manera de relacionarnos con el mismo.

El caso es el siguiente: El cliente se encontraba afectado por un tumor de próstata y deseaba operarse en una clínica privada francesa bajo la técnica de cirugía robótica, para la cual se usa el robot llamado "Da Vinci", con el cual no cuenta la sanidad pública gallega aunque si disponen de él otros hospitales del Sistema Nacional de Salud, y cuya gran ventaja frente a la laparoscopia estandar es su absoluta precisión, reduciendo notoriamente los riesgos de posibles daños colaterales, así como una aceleración en los tiempos de recuperación.

Al amparo del Real Decreto 81/14 que traspone una directiva comunitaria sobre asistencia sanitaria transfronteriza, se solicitó a las autoridades sanitarias gallegas llevar a cabo dicha intervención en el citado centro francés y con la mencionada técnica.

El Sergas tras remitir al cliente punto nacional de información, no respondió a la solicitud, a pesar de lo cual la intervención quirúrgica se llevó igualmente a cabo y de manera exitosa en la mencionada clínica.

Una vez dado de alta el cliente procedió a solicitar el reembolso del dinero abonado por la intervención, a lo que el Sergas contestó de manera negativa.

Ante ello y tras la correspondiente reclamación previa se interpuso Demanda ante el Juzgado de lo Social correspondiente, el cual desestimó la misma, si bien reconoció que la técnica con la que deseaba intervenirse el paciente si formaba parte de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, pese a no dispensarse en la sanidad gallega, cuestión que había sido discutida por la Administración.

Frente a la citada Sentencia se interpuso el correspondiente Recurso de Suplicación ante el TSJ de Galicia, el cual resolvió mediante Sentencia de 22-03-19, estimando el mismo y condenando al Sergas a reembolsar el importe de la operación asumida por el paciente.

Ello abre pues las puertas a la posibilidad de que un paciente pueda acudir bajo ciertos requisitos a un centro privado o público europeo a ser intervenido quirúrgicamente, anticipando el coste de la operación y pudiendo recuperar el mismo por la vía del reembolso, sin tener que pasar por unas listas de espera angustiosas e interminables y en un centro además de su libre elección.

Lo cierto es que los detalles del caso resultan bastante sórdidos por lo que vamos a omitirlos en la medida de lo posible y centrarnos en la figura de la "intimidación ambiental" y en los elementos que han llevado a los magistrados a apreciar su concurrencia.

El Tribunal considera que resulta de aplicación la citada figura desde el momento en el que los acusados llevan a la chica a un piso "y de manera premeditada la sitúan en uno de los dormitorios con el único propósito de satisfacer sus deseos, fuera con el consentimiento de ella o sin él."

Continúa la Sentencia diciendo que "el efecto intimidatorio puede producirse por la simple presencia o concurrencia de varias personas (en el presente caso, 3 hombres corpulentos), distintas del que consuma materialmente la agresión, ya que la presencia del grupo puede producir en la persona agredida un estado de intimidación ambiental a la vez que provocar un reforzamiento psicológico de quien se ve rodeado de otras personas que lo animan."

En el presente caso, las relaciones sexuales fueron llevadas a cabo por los procesados sin el libre consentimiento de la víctima, quien se vio acorralada en un sitio cerrado y actuó ante el temor de que pudiera pasarle algo y en la creencia de que no iba a salir indemne sin haber satisfecho los deseos sexuales de los acusados.

El Tribunal los condena además como autores de un delito continuado puesto que cada uno tanto intimida como accede carnalmente.