Abogado especialista en derecho penal y de familia en Pontevedra

El despacho del abogado Fernando Area Torres en Pontevedra cuenta con una amplia experiencia en derecho penal y sus diversas especialidades.

Contamos con más de 20 años de ejercicio profesional con amplia experiencia en los distintos campos del derecho con intervenciones profesionales en toda Galicia y también en el resto del territorio nacional.

Abogado especialista en derecho penal y de familia en Pontevedra

El despacho del abogado Fernando Area Torres en Pontevedra cuenta con una amplia experiencia en derecho penal y sus diversas especialidades.

Contamos con más de 20 años de ejercicio profesional con amplia experiencia en los distintos campos del derecho con intervenciones profesionales en toda Galicia y también en el resto del territorio nacional.

Experiencia de Fernando Area Torres

  • Profesor asociado de Derecho Procesal Penal en el Máster de la Abogacía que organizan la Universidad de Vigo y el colegio de Abogados de Pontevedra.
  • Ponente en cursos sobre blanqueo de capitales y violencia de género. Moderador en mesa redonda sobre mediación penal.
  • Amplia experiencia judicial en los distintos campos del derecho.

Amplia formación postgrado entre la que destaca:


  • Curso de experto en derecho de familia y sucesiones, (herencias), por la Universidad de Santiago de Compostela.
  • Curso de especialización materia de propiedad horizontal y arrendamientos por la Universidad de Santiago de Compostela.
  • Curso del Consello da Abogacía Galega sobre el nuevo baremo de tráfico.
  • Violencia sobre la mujer: organizado por el Consello da Avogacía Galega
  • Procedimiento Penal del menor: organizado por el Consello da Avogacía Galega
  • Reforma del Código Penal por LO 1/2015: organizado por el Consello da Avogacía Galega.
  • Mediación I y II organizados por el Consello da Avogacía Galega.
  • Curso de oratoria de 6 meses organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Pontevedra.
  • Curso de derecho de familia de 150 horas lectivas organizado por el Consello da Avogacia Galega.

Especialista en Derecho Penal y de Familia

A lo largo de los años nuestro principal objetivo ha sido y sigue siendo escuchar a las personas y defender sus intereses en los diferentes ámbitos del derecho, contando para ello con un equipo multidisciplinar de abogados.

Primera consulta gratuita

Prueba de que nos interesan las personas es que la primera consulta es gratuita para que no tenga miedo a contarnos su problema y nosotros valorar si le podemos ayudar.

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EL TRIBUNAL SUPREMO FIJA DOCTRINA SOBRE GASTOS ASOCIADOS A UN PRÉSTAMO HIPOTECARIO

EL TRIBUNAL SUPREMO FIJA DOCTRINA SOBRE GASTOS ASOCIADOS A UN PRÉSTAMO HIPOTECARIO

29/01/2019

Y por fin el Tribunal Supremo se pronunció en 5 Sentencias de fecha 23-01-19 sobre quien debe asumir los gastos en la constitución de un préstamo hipotecario con un consumidor.

Decir que dicha doctrina resulta aplicable a los préstamos hipotecarios suscritos con anterioridad a la reciente reforma operada por el Real Decreto Ley 17/2018 de 08 de Noviembre, convalidado el 22-11-18 que modifica la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos documentados. 

Estamos hablando por tanto sobre la distribución de gastos en los préstamos hipotecarios en los que se había decretado la nulidad de una serie de cláusulas por abusivas.

El Tribunal Supremo establece la siguiente doctrina:

- Gastos de Notaría en la constitución o modificación del préstamo hipotecario::50% el cliente y 50% la entidad financiera.

- Gastos de Notaría en la cancelación del préstamo hipotecario: 100% el cliente.

- Copias de las escrituras: 100% quien las solicite.

- Gastos de Gestoría: 50% el cliente y 50% la entidad financiera:

- Gastos de Registro en la inscripción de la hipoteca: 100% la entidad financiera.

- Gastos de Registro en la cancelación de la hipoteca: 100% el cliente.

- Impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados: 100% el cliente.

 

Quedan claras por tanto las reglas del juego y todos sabremos de antemano las cantidades que podemos obtener en un procedimiento judicial frente a la entidad financiera por los gastos devengados en la constitución del préstamo y que nos han sido cobrados de manera indebida.

EL TRIBUNAL SUPREMO RECUERDA A LAS ENTIDADES SU DEBER DE INFORMAR SOBRE LOS RIESGOS PARA EL COBRO DE PLANES DE PENSIONES

EL TRIBUNAL SUPREMO RECUERDA A LAS ENTIDADES SU DEBER DE INFORMAR SOBRE LOS RIESGOS PARA EL COBRO DE PLANES DE PENSIONES

29/01/2019

Las personas que no son expertas en la materia y que son titulares de un plan de pensiones seguro que se han preguntado en más de una ocasión, si una vez llegado el momento de la jubilación resultaría más interesante el cobro íntegro del dinero depositado en el plan, o de manera mensual a modo de pensión o complemento de la misma, y sobre todo, que ocurre si optando por esta segunda opción, el titular fallece por ejemplo a los pocos meses sin haber disfrutado de todo el dinero aportado al plan.  ¿Que pasa con ese dinero? Veamos la respuesta

En el presente caso, el titular del plan había optado por la opción de cobrar en el momento de su jubilación, (año 2003), una renta mensual fija durante 15 años, dejando como beneficiaria para el caso de su muerte a su esposa, quien falleció en el año 2008, dos años antes que él.

Tras fallecer el titular y habiéndolo hecho también antes su esposa, la aseguradora dejó de pagar la renta, ante lo cual las hijas presentaron una demanda reclamando el  pago de las cantidades devengadas desde el fallecimiento de su padre hasta la finalización del período de 15 años.

El Juzgado de instancia estimó su petición, pero la Audiencia revocó la Sentencia indicando que la prestación se había extinguido con el fallecimiento del partícipe y de su esposa.

El Tribunal Supremo estima el recurso de casación de la familia al considerar especialmente exigibles a la entidad aseguradora los deberes de información y transparencia acerca de los derechos de los partícipes y las distintas modalidades de cobro de las prestaciones, pues al presentar cada una de ellas ventajas y riesgos, la valoración de la mejor forma de cobrar dependerá en cada caso de las necesidades del beneficiario, para lo que es preciso que cuente con un conocimiento de los riesgos asociados a cada modalidad.

En el presente caso considera la Sala no consta una información adecuada sobre las características de las opciones de cobro del plan, y especialmente sobre la extinción del derecho a cobrar la renta garantizada si fallecían el partícipe y su esposa antes del plazo garantizado de quince años.

La entidad debe informar de manera expresa y con claridad del riesgo que entraña esta modalidad de renta asegurada en caso de fallecimiento del beneficiario y de la persona a favor de la que haya establecido la reversibilidad de los derechos antes del plazo fijado.

 Es decir, si hemos optado por la modalidad de cobro fraccionado y fallece el titular y el beneficiario, habrá que acudir a la póliza para verificar si el titular había recibido toda la información y era consciente de los riesgos que asumía con esa modalidad de cobro, y de no ser así, puede acudir a los tribunales para buscar amparo a su pretensión.

LA AUDIENCIA DE MURCIA ATRIBUYE LA GUARDA DE UN MENOR AL PADRE PORQUE LA CONDUCTA DE LA MADRE RESPECTO A AQUEL AFECTA NEGATIVAMENTE AL NIÑO

29/01/2019

Se trata de una Sentencia interesante y que trata el problema por desgracia nada infrecuente del supuesto en que un progenitor "habla mal" o "desvaloriza" la figura del otro y trata de obstaculizar esa relación paterno o materno - filial.

En el presente caso ambos progenitores reclamaban la guarda y custodia del hijo menor, atribuyéndose en primera instancia a la madre con fundamento en que dicha medida se ha mantenido desde el nacimiento del menor y que cualquier cambio podría resultar perjudicial para el niño.

La Sentencia de apelación sobre la base de tratar de proteger el interés superior del menor descarta la posibilidad de custodia compartida dada la relación conflictiva entre los progenitores, afirmando que la madre hace partícipe al menor de dicho conflicto y enfrentamiento, y ello en base al informe pericial forense obrante en la causa.

Dicho comportamiento dice la Sentencia estaría afectando negativamente al niño, provocándole miedo y dolor emocional, desvalorizando la figura paterna, al tiempo que obstaculiza la relación paterno filial.

Así, sobre la base del interés superior del menor considera la Audiencia que debe atribuirse la guarda exclusiva del menor al padre, teniendo en cuenta además tanto su capacidad para asumir dicha función, además de que éste en todo momento facilita y potencia la relación del menor con su madre, no desvalorizando la figura materna, existiendo además un excelente vínculo afectivo paterno filial y una óptima relación entre el menor y la actual esposa del progenitor.

El hecho de que el menor reciba los cuidados básicos por su padre no constituye impedimento para el cambio de custodia ahora acordado y ello por que el interés y cuidado del menor no se reduce a las atenciones básicas sino que incluye otras de índole afectiva y emocional de carácter esencial en las que la conducta de la madre está incidiendo de manera negativa.

Dicho cambio de custodia conlleva que la pensión de alimentos deba ser abonada por la madre al progenitor como parte de su contribución a los cuidados y atenciones del hijo común.

La conclusión que debemos sacar de la Sentencia es evidente: Lo primero, lo segundo, lo tercero, y así hasta el infinito en un procedimiento de divorcio deben ser los hijos y es un grave error tratar de poner al menor en contra del otro progenitor, tanto para el propio menor que puede perder un referente que debe ser esencial en su educación y en la formación de su personalidad, como para el propio progenitor que convive con el menor y actúa de dicha manera, a quien una conducta tan irresponsable le puede acarrear, entendemos que de manera acertada, la privación de la guarda y custodia como ha sucedido en el presente caso.

 

REVOCADA UNA CONDENA DE PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE POR ASESINATO DEBIDO A UNA APLICACIÓN INDEBIDA DE UNA AGRAVANTE

REVOCADA UNA CONDENA DE PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE POR ASESINATO DEBIDO A UNA APLICACIÓN INDEBIDA DE UNA AGRAVANTE

29/01/2019

Se trata de una noticia muy relevante que prácticamente ha pasado desapercibida y que pone de manifiesto la especial pericia que debe tenerse en cuenta a la hora de calificar las conductas que pueden conllevar la aplicación de esta pena, debiendo ser especialmente cuidadosos a la hora de aplicar las agravantes genéricas previstas en el Código Penal, pues las mismas podrían dar entrada al principio "non bis in idem", que prohibe castigar dos veces la misma conducta y por ende, como consecuencia de la entrada en juego de esa agravante, impedir la aplicación de la prisión permanente revisable.

El caso es el siguiente: El acusado acudió al domicilio del a víctima de 66 años y le asestó diversas puñadas y golpes con diversos objetos hasta causarle la muerte. La víctima tenía una discapacidad consecuencia de un ictus sufrido hace años, por lo que su capacidad de reacción a estímulos era más lenta y torpe.

Los hechos se calificaron como asesinato con alevosía y ensañamiento, aplicándose la pena de prisión permanente revisable por ser la víctima una persona especialmente vulnerable por su discapacidad de conformidad con el artículo 140.1.1 del Código Penal.

Sin embargo, razona el Supremo, la vulnerabilidad de la víctima fundamentó junto al ataque sorpresivo la agravante de alevosía, (imposibilidad de defenderse frente al ataque), lo que impide que pueda volver a tenerse en cuenta para apreciar la agravante de especial desvalimiento que posibilita la prisión permanente revisable.

El Tribunal considera que la pena a imponer es a la visto de las circunstancias concurrentes de 24 años de prisión.

EL TRIBUNAL SUPREMO ANULA LA CONDENA A UNA MUJER QUE ACUCHILLÓ A SU PAREJA AL CONSIDERAR QUE ACTUÓ EN LEGÍTIMA DEFENSA

EL TRIBUNAL SUPREMO ANULA LA CONDENA A UNA MUJER QUE ACUCHILLÓ A SU PAREJA AL CONSIDERAR QUE ACTUÓ EN LEGÍTIMA DEFENSA

29/01/2019

La legítima defensa es una eximente muchas veces invocada por los abogados en los juicios, pero rara vez atendida por los Tribunales. El presente caso resulta interesante porque el Tribunal Supremo si considera que debió apreciarse, y por ello anula la condena de la Audiencia de Navarra, que si bien consideró que concurría la misma, lo hacía de manera incompleta, es decir, para rebajar la pena pero no para decretar la absolución.

El supuesto de hecho es el siguiente: En el curso de una discusión de pareja el varón tras cerrar las puertas y bajar las persianas empezó a pegar a la mujer, lanzándola al suelo, tirándole de los pelos, aprisionándole la cabeza con la rodilla y mordiéndole la oreja derecha, a la par que le puso un cuchillo de cocina en el cuello mientras le decía que la iba a matar y que esa noche a lo mejor la violaba.

Aprovechando que el varón dejó el cuchillo momentáneamente, la mujer lo cogió y lo dirigió hacia el varón causándole una herida en el tórax de escasa longitud.

La Audiencia de Navarra descartó la aplicación completa de la eximente de legítima defensa, al considerar que la actuación de la mujer no cumplía el requisito de la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión ilegítima.

Recordar en este punto que son 3 los elementos que deben concurrir para apreciar la legítima defensa:

- Agresión ilegítima

- Necesidad racional del medio empleado para repeler la agresión.

- Falta de provocación suficiente.

 

Pues bien, el Supremo considera que no desproporción en la reacción de la mujer, (necesidad racional del medio empleado para repeler la agresión), a la vista de las circunstancias concurrentes: víctima de menor fortaleza física que el agresor, arrojada al suelo y anulada. 

Dice el alto tribunal que: "No es sencillo imaginar otra acción acción defensiva idónea. Máxime si se tiene en cuenta que solo causó una herida leve y que tras comprobar que la agresión ya sí debía tenerse por cesada y el peligro conjurado, depuso esa actitud sin intentar realizar nuevos apuñalamientos y auxiliando al varón.

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEON CONFIRMA LA CONDENA A UN HOMBRE A 11 AÑOS DE CÁRCEL POR MANTENER RELACIONES SEXUALES CONSENTIDAS CON DOS MENORES EN SEGOVIA

28/01/2019

Hemos querido traer a colación esta Sentencia pues el resultado del fallo resulta absolutamente contradictorio con la otra que hemos comentado de la AP de La Rioja, que en un supuesto similar acordó la absolución del encausado.

En el presente caso, no discutiéndose la realidad de las relaciones sexuales, la defensa del adulto se basó en la existencia de un error en el acusado, (invencible), sobre la ilicitud de su conducta, apoyándose en que la edad de los menores para mantener relaciones sexuales había pasado de 13 a 16 años.

La Sala sin embargo desestima el argumento sobre la base de las características personales del acusado, ciudadano medio español, adulto, perfectamente integrado en la sociedad, al que puede suponérsele un nivel de conocimientos suficiente para que no le resultara imposible captar los mensajes ampliamente difundidos a lo largo de más de dos años fijando la nueva edad a los efectos del consentimiento en las relaciones sexuales.

Por todo ello, acaba imponiéndole una pena de 10 años por este delito más otro año por habérseles proporcionado marihuana a las menores.

 

LA AUDIENCIA DE LA RIOJA ABSUELVE A UN HOMBRE DE 20 AÑOS QUE MANTUVO RELACIONES SEXUALES CON UNA MENOR DE 14

28/01/2019

El Código Penal tras la reforma operada en el año 2015 fija en 16 años la edad mínima para poder prestar consentimiento para mantener relaciones sexuales, (frente a los 13 años vigentes hasta entonces), lo contrario supone la comisión de un delito de abuso sexual.

Sin embargo, se prevé una excepción para el supuesto que el autor sea una persona próxima al menor por edad y grado de desarrollo y madurez.

Es decir, no hay delito si ambos son menores de 16 años o aun siendo uno mayor de edad, tenga una edad más o menos próxima y ambos presenten un grado de desarrollo y madurez similar.

Es aquí por tanto, en esta franja indeterminada, en donde entran en juego los supuestos en los que el encausado puede resultar absuelto o condenado por su conducta.

Esto y el error, sobre la base fundamental de la apariencia física del menor sin dejar de lado otras consideraciones como ocurre en el presente caso.

En este supuesto nos encontramos con un adulto de 20 años y una menor de 14 y quedando probado que mantuvieron relaciones sexuales, considera la Audiencia que no se ha acreditado que el acusado conociera la verdadera edad de la menor, actuando en el convencimiento de que tenía 17 años, (edad que la joven decía a su grupo de amigas que tenía), afirmando igualmente el Tribunal que durante las sesiones del juicio "no se aprecia que exista entre ambos una diferencia de desarrollo que ponga de manifiesto que se aprovechase de su superioridad para obtener el consentimiento."

Afirma la Sala que el grado de desarrollo de ambos estaba muy próximo pese a la diferencia de edad. 

De ahí por tanto, el procedimiento absolutorio, cuando la petición de la fiscalía era de 10 años de prisión y 3.000 euros de indemnización por daños morales.

 

EL JUZGADO ABSUELVE DE PREVARICACIÓN A UNA EXCONCEJAL Y A UN TÉCNICO DEL AYUNTAMIENTO DE OURENSE

18/01/2019

El juzgado de lo Penal nº 1 de Ourense ha absuelto a una exconcejala de Urbanismo y a un técnico municipal de los delitos de prevaricación que les imputaban por la concesión en 2011 de la licencia de primera ocupación a la residencia del campus universitario a pesar de que la promotora del edificio no había ejecutado las obras de urbanización.

Si bien la Sentencia reconoce que la concesión de las licencias de ocupación y apertura no fueron ajustadas a la legalidad al no haberse realizado las obras de urbanización del entorno de la residencia universitaria, considera que "ello no puede llevar a concluir que la conducta de los acusados sea constitutiva de los graves delitos cuya comisión les imputa la acusación particular."

Refiere la Sentencia que "nos encontramos ante una cuestión interpretativa de la norma que debe quedar al margen del derecho penal, y que concurrían circunstancias que justificaban la aplicación de dicho criterio, tales como la imposibilidad de realizar las obras de urbanización a la que se había supeditado la concesión de la licencia por causa no imputable, la prestación de fianza o aval para garantizar su realización y el cumplimiento de los trámites y requisitos.exigidos.

Dicha Sentencia no es firme y cabe formular contra la misma Recurso de Apelación ante la Audiencia Provincial de Ourense.

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