El tema es simple: ¿Comete delito de quebrantamiento de condena el condenado por violencia de género que tiene prohibido contactar con la víctima si le realiza una llamada perdida?

El Supremo en una reciente Sentencia resuelve con rotundidad el tema, afirmando que dicha llamada, aun sin ser atendida por la víctima, constituye un delito de quebrantamiento de condena, siempre que quede registrada y sea posible saber quien la efectuó, ya que la víctima es consciente de la existencia de la llamada perturbadora de su tranquilidad y que amenaza su seguridad.

La Sala considera que se trata de una forma de contacto escrito equivalente a un mensaje al destinatario y que la perturbación de su tranquilidad y la amenaza a su seguridad se aprecia desde el momento en que es consciente de la existencia de la llamada efectuada por aquella otra persona a la que se le ha impuesto una prohibición de comunicación.

Lo que importa es que "alguien haga saber algo a otro."

Quizá podríamos plantearnos que sucede cuando se realiza esa llamada perdida por error, (querer llamar a otra persona y llamar a la víctima de la que se tiene la prohibición de comunicación), cortando esa llamada de manera inmediata, pero no lo suficientemente rápido como para evitar que aparezca en la pantalla de la destinataria.

En ese caso también estaríamos ante un quebrantamiento de condena? Parece que en ese caso no existe esa voluntad de quebrantar, si bien la carga de la prueba de ese error recaería sobre quien lo comete, y aún así entendemos que ello no le garantizaría una Sentencia absolutoria. 

La cuestión que se planteaba en el presente caso es la siguiente: Se discutía si la emisión de un ticket por un tacógrafo previamente manipulado era un supuesto de falsedad ideológica, no punible al afectar a un documento privado o se trata de un documento oficial pues su finalidad es incorporarse a un expediente administrativo.

Lo cierto es que hasta este pronunciamiento del Tribunal Supremo las diferentes Audiencias se habían pronunciado en uno u otro sentido, lo cual generaba una evidente inseguridad jurídica.

El Supremo se decanta por considerar este comportamiento punible desde un punto de vista penal encajando la conducta en el artículo 390.1.2 del Código Penal al tratarse de una conducta que consiste en: "simular un documento en todo o en parte de manera que induzca a error sobre su autenticidad."

A tal efecto arguye que: "Este instrumento y sus mediciones no tienen más finalidad que el control policial y administrativo de ahí que los documentos que genera deban ser reputados documentos oficiales."

Por tanto, concluye la Sentencia: "Cuando la manipulación no tiene más finalidad que se registren datos incorrectos para sortear los controles administrativos, que será el supuesto más frecuente en la práctica, la naturaleza oficial del documento resulta indiscutible."

Se trata de una Sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria que responde al siguiente supuesto de hecho:

La acusada fue nombrada tutora de su abuela en el año 2012 al ser declarada incapaz la anciana debido al grave deterioro cognitivo que padecía.

En el año 2016 debido a su estado fue ingresada en una residencia de mayores, motivo por el que la acusada dejó de atender de manera personal las necesidades de su abuela.

Fue a partir de entonces, desde Mayo de 2016 hasta Diciembre de 2017, cuando se apoderó de casi 17.000 Euros.

A tal efecto realizó más de 30 disposiciones, (la mayoría por importe superior a 400 Euros), desde la cuenta en que la abuela era titular y en la que se ingresaba su pensión de jubilación.

La cuenta con este modo de proceder fue sistemáticamente vaciada, hasta el punto de impedir el pago del coste de la residencia en la que la abuela se hallaba ingresada.

Detectada esta situación la tutora fue removida de su cargo.

La acusada alegó la existencia de padecimientos psíquicos los cuales fueron rechazados, siendo condenada a la devolución de las cantidades sustraídas y a la pena de 21 meses de prisión.

Se trata de una Sentencia del Pleno, con lo igual sienta jurisprudencia y viene a poner solución a un tema enormemente controvertido y que ha dado lugar a multitud de pleitos, (y puede dar lugar a otros muchos, si bien ahora ya sabiendo cual va a ser el posible resultado), y que viene a aclarar lo que sucede con los contratos de mantenimiento de los ascensores que muchas veces tienen una duración de 10 años, que se prorrogan por otros tantos, y de los que puede parecer es imposible salir.

Pues bien, en el presente caso se trataba de un contrato que tenía una duración inicial de 5 años, que se prorrogaba tácitamente por períodos iguales, salvo denuncia de alguna de las partes con 90 días de antelación y que establecía una penalización del 50% de las cuotas pendientes hasta la fecha establecida por su finalización si alguna de las partes, (evidentemente la comunidad), decidía desistir del contrato.

En el presente caso la Comunidad decidió desistir del contrato en el tercer año de su vigencia.

La Sala estima el Recurso de Casación de la Comunidad y considera que un plazo de duración tan extenso y  con esas consecuencias asociadas es contrario a la normativa sobre cláusulas abusivas.

El Tribunal Supremo afirma que: "Resulta razonable que la empresa de mantenimiento de ascensores exija un tiempo mínimo que le permita organizar su infraestructura, y en caso de contratos a todo riesgo, amortizar la adquisición de piezas costosas, pero ello no puede suponer una vinculación excesiva que impida a los consumidores aprovecharse de las mejores prestaciones de otros empresarios. El riesgo que supone para la empresa la baja de los clientes no puede suprimirse restringiendo indebidamente los legítimos derechos económicos de los consumidores, sino que debe quedar fijado en sus justos términos, mediante el establecimiento de plazos razonables que permitan al empresario organizar la prestación del servicio y a los consumidores beneficiarse de las mejores ofertas que hagan otros empresarios del sector."

En el presente caso, dice el Supremo, la empresa no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que justifiquen una duración superior a 3 AÑOS, que es el PLAZO MÁXIMO que, en concordancia con los criterios mantenidos por un sector importante de las Audiencias Provinciales se considera razonable para un contrato de esta naturaleza, habida cuenta de que se trata de un contrato que incluye la obligación de de la empresa de mantenimiento de sustituir a su cargo, las piezas averiadas.

Traemos a colación esta muy reciente Sentencia del Tribunal Supremo porque se trata de un caso que se produce con relativa habitualidad, tras la cual sobreviene además con frecuencia una situación de crisis matrimonial y que culmina con que uno de los ex cónyuges de repente se encuentra con una importante deuda a la que es por completo ajeno.

En el presente caso el marido formalizó varios contratos de préstamos al consumo y tarjetas de crédito con una entidad financiera, a nombre de su mujer y sin que ella lo supiera.

A tal fin, falsificó su firma y consiguió que los contratos financieros se firmasen fuera de la sucursal tras alegar que su esposa no se podía desplazar por motivos de trabajo. Además, cambió la dirección a la que se enviaban los extractos bancarios del domicilio del matrimonio a un aportado de correos, evitando de esta manera que su esposa se enterara.

La mujer tuvo conocimiento de lo que había ocurrido cuando se le requirió para que pagara una deuda de más de 17.000 Euros. La mujer pidió entonces explicaciones al banco, se divorció de su marido, le interpuso una querella que resultó archivada tras su fallecimiento y posteriormente demandó al fondo al que la entidad financiera había cedido la deuda.

Considera la Sala que: "Es la entidad la única que debe soportar las consecuencias de una actuación fraudulenta que fue posible gracias a la inobservancia por la propia entidad de sus normas internas, que se dirigen a evitar el fraude de los clientes."

Añadiendo: "Lo que resulta contrario a derecho, y este comportamiento no puede quedar protegido, es ingresar el dinero de unos préstamos y proporcionar una tarjeta al marido de la demandante, pero a nombre de ésta, sin que ella dé su consentimiento y tratar de convertirla en prestataria cuando tampoco dio su consentimiento con posterioridad ni ha quedado acreditado que se beneficiara del dinero.

Vamos a tratar al analizar esta Sentencia la cuestión controvertida de la duración máxima del plazo de instrucción y de lo que sucede cuando la declaración de complejidad se produce transcurrido el plazo máximo previsto para la misma.

El caso es el siguiente: El procedimiento se inició por medio de Auto de fecha 28 de Abril de 2016, si bien las actuaciones fueron declaradas secretas con la consiguiente paralización del plazo máximo de instrucción.

El secreto fue alzado por medio de Auto de 07 de Marzo de 2018, momento en el que comenzó el cómputo del plazo de seis meses, el cual venció el 07 de Septiembre de 2018.

El Ministerio Fiscal solicitó la declaración de complejidad del 21 de Mayo de 2018 y el Auto resolviendo y declarando la complejidad se dictó el 11 de Octubre de 2018, es decir, transcurrido el plazo máximo de seis meses antes señalado.

La Audiencia estima el Recurso planteado por una de las defensas y deja sin efecto la declaración de complejidad al considerarla extemporánea, "por haberse efectuado una vez vencido el plazo de 6 meses de instrucción."

La Audiencia incide en que tanto el artículo 324.2 como el artículo 324.4 de la LEcrim exigen que la decisión de declarar compleja la causa o de prorrogar el término inicial, se adopte antes de la expiración de este plazo, (por el de seis meses) o antes del transcurso de los plazos establecidos en los apartados anteriores, (ya el de seis o el de dieciocho meses, o en su caso, de la prórroga que hubiese sido acordada).

La Audiencia recoge la doctrina establecida en ese sentido en el reciente Auto del Tribunal Supremo de 25-04-19, que a mayores incide en que transcurridos los plazos establecidos no pueden practicarse más diligencias de prueba, sin perjuicio de incorporar a la causa las acordadas con anterioridad al transcurso del plazo.

También deja claro el Tribunal Supremo que el transcurso del plazo no supone en ningún caso el archivo de la causa, si no concurren las circunstancias previstas en los artículos 637 y 641 de la LEcrim, sino la conclusión de la fase de instrucción y la continuación del proceso.

En definitiva, el artículo 324 establece un sistema de plazos máximos para el desarrollo de la instrucción en procesos penales que fija, un límite temporal infranqueable en el que el sumario o las diligencias previas han de concluir y ha de adoptarse la decisión que proceda, bien la continuación del procedimiento, bien el sobreseimiento de las actuaciones.

Por tanto, dado que es algo con lo que nos encontramos con cierta frecuencia, (dictado de Auto de declaración de complejidad transcurrido el plazo de instrucción), conviene si somos defensa, recurrir el mismo, pues la estimación del mismo conllevará la nulidad de todas las diligencias acordadas a partir del transcurso del plazo máximo, (no de las acordadas antes que pueden ser incorporadas), y conllevará la necesidad de que el juzgado de instrucción tenga que adoptar la decisión de continuar con la causa o su sobreseimiento, y lo cierto es que si la causa ha estado paralizada y las diligencias se han acordado extemporáneamente ello puede conllevar a que el juzgador se vea forzado a acordar el sobreseimiento de las actuaciones ante la falta de indicios de autoría en la comisión del delito.

Por contra, si nuestra posición es la de acusación debemos extremar el celo y estar pendiente en los casos en que sea preciso, de que se dicte el Auto de complejidad de la causa en plazo, o al menos que se hayan acordado las diligencias que interesamos antes de la finalización del plazo máximo de instrucción fijado, pues lo contrario podría resultar fatal para los intereses que defendemos.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, reunida en Pleno ha fijado con fecha 27-05-19 doctrina sobre la solución aplicable a los casos de daños en los bienes causados por la colisión recíproca de vehículos sin determinación del grado de culpa de cada conductor.

Dicha doctrina viene a completar la establecida por la Sentencia 536/2012 de 10 de Septiembre para los supuestos de daños a las personas, la cual en base a los principios de solidaridad social con las víctimas nos indicaba que la solución del resarcimiento proporcional es procedente solo cuando pueda acreditarse el concreto porcentaje o grado de incidencia causal de cada uno de los vehículos implicados, y de  no ser así, ambos conductores responden del total de los daños personales causados a los ocupantes del otro vehículo con arreglo a la doctrina de las "indemnizaciones cruzadas."

Ahora, para el supuesto de daños en los bienes, el criterio no puede ser el de la solidaridad social, sino el de la culpa o negligencia del conductor causante del daño, con la inversión de la carga de la prueba que resulta del texto legal y del principio general de responsabilidad por riesgo.

Pues bien, cuando ninguno de los conductores sea capaz de probar su falta de culpa o negligencia en la causación del daños el alto tribunal se inclina por que cada conductor asuma la indemnización de los daños del otro vehículo al 50%, para de ese modo evitar privar de indemnización al propietario del vehículo no causante del daño pero que no hubiera sido capaz de demostrar su falta de culpa así como también evitar indemnizar de manera completa al propietario del vehículo causante del siniestro pero sin que exista prueba al respeto.

El caso es el siguiente: Una persona que fallece en el año 2015 había otorgado testamento a favor de su entonces esposa en el año 2010, de la cual posteriormente se separó.

El TSJ declara que los testamentos a favor de los cónyuges son ineficaces cuando en el momento de fallecer estén separados o divorciados, legalmente o de hecho.

Considera el alto tribunal gallego que salvo que se especifique en el testamento que aun en los supuestos de ruptura o crisis matrimonial, el cónyuge es el heredero, esta disposición quedará sin efecto en estos casos, sin necesidad de declaración alguna de voluntad del testador que la complete o ratifique al tiempo de su fallecimiento, pues el legislador gallego parte del entendimiento de que las disposiciones testamentarias a favor del cónyuge se efectúan en su condición de tal y en tanto en cuanto lo sea, de manera que quedarán sin efecto si al fallecer los cónyuges se encontraran entre otros supuestos, divorciados o separados, legalmente o de hecho.