Lo cierto es que los detalles del caso resultan bastante sórdidos por lo que vamos a omitirlos en la medida de lo posible y centrarnos en la figura de la "intimidación ambiental" y en los elementos que han llevado a los magistrados a apreciar su concurrencia.

El Tribunal considera que resulta de aplicación la citada figura desde el momento en el que los acusados llevan a la chica a un piso "y de manera premeditada la sitúan en uno de los dormitorios con el único propósito de satisfacer sus deseos, fuera con el consentimiento de ella o sin él."

Continúa la Sentencia diciendo que "el efecto intimidatorio puede producirse por la simple presencia o concurrencia de varias personas (en el presente caso, 3 hombres corpulentos), distintas del que consuma materialmente la agresión, ya que la presencia del grupo puede producir en la persona agredida un estado de intimidación ambiental a la vez que provocar un reforzamiento psicológico de quien se ve rodeado de otras personas que lo animan."

En el presente caso, las relaciones sexuales fueron llevadas a cabo por los procesados sin el libre consentimiento de la víctima, quien se vio acorralada en un sitio cerrado y actuó ante el temor de que pudiera pasarle algo y en la creencia de que no iba a salir indemne sin haber satisfecho los deseos sexuales de los acusados.

El Tribunal los condena además como autores de un delito continuado puesto que cada uno tanto intimida como accede carnalmente.

El Tribunal Supremo en una Sentencia del mes de Marzo de este año 2019 de la cual ha sido ponente el Magistrado Vicente Magro, ha fijado una serie de criterios a tener en cuenta ante la declaración de las víctimas en un proceso penal. En concreto, en el  presente caso se trata de un supuesto de violencia de género, destacando entre otros, la percepción de la seguridad en la declaración, la concreción en el relato de los hechos, la claridad expositiva y el lenguaje gestual de convicción.

Asimismo destaca la seriedad expositiva, que aleja la creencia de un relato figurado, inventado o poco creíble, la expresividad descriptiva en el relato o la ausencia de lagunas y de contradicciones, que puedan llevar a dudas de su credibilidad.

En otro orden de cosas, la Sentencia refiere que cabe la aplicación de la atenuante de embriaguez en los delitos de violencia de género, pero no la rebaja a delito leve, dejando abierto en todo caso, ante la menor entidad de la agresión la puerta abierta a la aplicación del artículo 153.4 del Código Penal, y con ello la pena inferior en grado.

La Audiencia Provincial de Cantabria ha confirmado una interesante Sentencia que condena a una compañía cervecera a indemnizar a una mujer con 94.000 euros a la que le estalló una botella cuando se disponía a introducirla en la bolsa de la compra.

En el momento en el que la demandante estaba en la caja, al coger la botella para guardarla, ésta estalló de tal manera que el cuello de la misma salió proyectado con tapón incluido impactando varios cristales en su ojo izquierdo, perdiendo la visión del mismo y estando de baja un año y medio como consecuencia de los daños personales sufridos.

En el juicio se dio por acreditado que el estallido se produjo debido a un defecto del vidrio, probándose por medio de prueba testifical que la demandante no había movido ni golpeado la botella ni realizó sobre la misma ningún tipo de manipulación rara.

De hecho se afirma en la Sentencia que: "la botella ni se cayó, ni se agitó en el momento de ser adquirida ni se probó que fuera golpeada.  Una botella de cerveza no tiene por qué explotar y si no se acredita la influencia de un agente externo, la conclusión debe llevar a la existencia de un defecto de fabricación en el envase."

El supermercado, también demandado resultó absuelto por cuanto quedó acreditado que las botellas desde que son puestas a disposición del mismo son trasportadas en pales plastificados sin que sean manipuladas por los empleados, presentándose a la venta en los mismos palés.

Y por fin el Tribunal Supremo se pronunció en 5 Sentencias de fecha 23-01-19 sobre quien debe asumir los gastos en la constitución de un préstamo hipotecario con un consumidor.

Decir que dicha doctrina resulta aplicable a los préstamos hipotecarios suscritos con anterioridad a la reciente reforma operada por el Real Decreto Ley 17/2018 de 08 de Noviembre, convalidado el 22-11-18 que modifica la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos documentados. 

Estamos hablando por tanto sobre la distribución de gastos en los préstamos hipotecarios en los que se había decretado la nulidad de una serie de cláusulas por abusivas.

El Tribunal Supremo establece la siguiente doctrina:

- Gastos de Notaría en la constitución o modificación del préstamo hipotecario::50% el cliente y 50% la entidad financiera.

- Gastos de Notaría en la cancelación del préstamo hipotecario: 100% el cliente.

- Copias de las escrituras: 100% quien las solicite.

- Gastos de Gestoría: 50% el cliente y 50% la entidad financiera:

- Gastos de Registro en la inscripción de la hipoteca: 100% la entidad financiera.

- Gastos de Registro en la cancelación de la hipoteca: 100% el cliente.

- Impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados: 100% el cliente.

Quedan claras por tanto las reglas del juego y todos sabremos de antemano las cantidades que podemos obtener en un procedimiento judicial frente a la entidad financiera por los gastos devengados en la constitución del préstamo y que nos han sido cobrados de manera indebida.

Las personas que no son expertas en la materia y que son titulares de un plan de pensiones seguro que se han preguntado en más de una ocasión, si una vez llegado el momento de la jubilación resultaría más interesante el cobro íntegro del dinero depositado en el plan, o de manera mensual a modo de pensión o complemento de la misma, y sobre todo, que ocurre si optando por esta segunda opción, el titular fallece por ejemplo a los pocos meses sin haber disfrutado de todo el dinero aportado al plan.  ¿Que pasa con ese dinero? Veamos la respuesta

En el presente caso, el titular del plan había optado por la opción de cobrar en el momento de su jubilación, (año 2003), una renta mensual fija durante 15 años, dejando como beneficiaria para el caso de su muerte a su esposa, quien falleció en el año 2008, dos años antes que él.

Tras fallecer el titular y habiéndolo hecho también antes su esposa, la aseguradora dejó de pagar la renta, ante lo cual las hijas presentaron una demanda reclamando el  pago de las cantidades devengadas desde el fallecimiento de su padre hasta la finalización del período de 15 años.

El Juzgado de instancia estimó su petición, pero la Audiencia revocó la Sentencia indicando que la prestación se había extinguido con el fallecimiento del partícipe y de su esposa.

El Tribunal Supremo estima el recurso de casación de la familia al considerar especialmente exigibles a la entidad aseguradora los deberes de información y transparencia acerca de los derechos de los partícipes y las distintas modalidades de cobro de las prestaciones, pues al presentar cada una de ellas ventajas y riesgos, la valoración de la mejor forma de cobrar dependerá en cada caso de las necesidades del beneficiario, para lo que es preciso que cuente con un conocimiento de los riesgos asociados a cada modalidad.

En el presente caso considera la Sala no consta una información adecuada sobre las características de las opciones de cobro del plan, y especialmente sobre la extinción del derecho a cobrar la renta garantizada si fallecían el partícipe y su esposa antes del plazo garantizado de quince años.

La entidad debe informar de manera expresa y con claridad del riesgo que entraña esta modalidad de renta asegurada en caso de fallecimiento del beneficiario y de la persona a favor de la que haya establecido la reversibilidad de los derechos antes del plazo fijado.

 Es decir, si hemos optado por la modalidad de cobro fraccionado y fallece el titular y el beneficiario, habrá que acudir a la póliza para verificar si el titular había recibido toda la información y era consciente de los riesgos que asumía con esa modalidad de cobro, y de no ser así, puede acudir a los tribunales para buscar amparo a su pretensión.

Se trata de una Sentencia interesante y que trata el problema por desgracia nada infrecuente del supuesto en que un progenitor "habla mal" o "desvaloriza" la figura del otro y trata de obstaculizar esa relación paterno o materno - filial.

En el presente caso ambos progenitores reclamaban la guarda y custodia del hijo menor, atribuyéndose en primera instancia a la madre con fundamento en que dicha medida se ha mantenido desde el nacimiento del menor y que cualquier cambio podría resultar perjudicial para el niño.

La Sentencia de apelación sobre la base de tratar de proteger el interés superior del menor descarta la posibilidad de custodia compartida dada la relación conflictiva entre los progenitores, afirmando que la madre hace partícipe al menor de dicho conflicto y enfrentamiento, y ello en base al informe pericial forense obrante en la causa.

Dicho comportamiento dice la Sentencia estaría afectando negativamente al niño, provocándole miedo y dolor emocional, desvalorizando la figura paterna, al tiempo que obstaculiza la relación paterno filial.

Así, sobre la base del interés superior del menor considera la Audiencia que debe atribuirse la guarda exclusiva del menor al padre, teniendo en cuenta además tanto su capacidad para asumir dicha función, además de que éste en todo momento facilita y potencia la relación del menor con su madre, no desvalorizando la figura materna, existiendo además un excelente vínculo afectivo paterno filial y una óptima relación entre el menor y la actual esposa del progenitor.

El hecho de que el menor reciba los cuidados básicos por su padre no constituye impedimento para el cambio de custodia ahora acordado y ello por que el interés y cuidado del menor no se reduce a las atenciones básicas sino que incluye otras de índole afectiva y emocional de carácter esencial en las que la conducta de la madre está incidiendo de manera negativa.

Dicho cambio de custodia conlleva que la pensión de alimentos deba ser abonada por la madre al progenitor como parte de su contribución a los cuidados y atenciones del hijo común.

La conclusión que debemos sacar de la Sentencia es evidente: Lo primero, lo segundo, lo tercero, y así hasta el infinito en un procedimiento de divorcio deben ser los hijos y es un grave error tratar de poner al menor en contra del otro progenitor, tanto para el propio menor que puede perder un referente que debe ser esencial en su educación y en la formación de su personalidad, como para el propio progenitor que convive con el menor y actúa de dicha manera, a quien una conducta tan irresponsable le puede acarrear, entendemos que de manera acertada, la privación de la guarda y custodia como ha sucedido en el presente caso.

Se trata de una noticia muy relevante que prácticamente ha pasado desapercibida y que pone de manifiesto la especial pericia que debe tenerse en cuenta a la hora de calificar las conductas que pueden conllevar la aplicación de esta pena, debiendo ser especialmente cuidadosos a la hora de aplicar las agravantes genéricas previstas en el Código Penal, pues las mismas podrían dar entrada al principio "non bis in idem", que prohibe castigar dos veces la misma conducta y por ende, como consecuencia de la entrada en juego de esa agravante, impedir la aplicación de la prisión permanente revisable.

El caso es el siguiente: El acusado acudió al domicilio del a víctima de 66 años y le asestó diversas puñadas y golpes con diversos objetos hasta causarle la muerte. La víctima tenía una discapacidad consecuencia de un ictus sufrido hace años, por lo que su capacidad de reacción a estímulos era más lenta y torpe.

Los hechos se calificaron como asesinato con alevosía y ensañamiento, aplicándose la pena de prisión permanente revisable por ser la víctima una persona especialmente vulnerable por su discapacidad de conformidad con el artículo 140.1.1 del Código Penal.

Sin embargo, razona el Supremo, la vulnerabilidad de la víctima fundamentó junto al ataque sorpresivo la agravante de alevosía, (imposibilidad de defenderse frente al ataque), lo que impide que pueda volver a tenerse en cuenta para apreciar la agravante de especial desvalimiento que posibilita la prisión permanente revisable.

El Tribunal considera que la pena a imponer es a la visto de las circunstancias concurrentes de 24 años de prisión.

La legítima defensa es una eximente muchas veces invocada por los abogados en los juicios, pero rara vez atendida por los Tribunales. El presente caso resulta interesante porque el Tribunal Supremo si considera que debió apreciarse, y por ello anula la condena de la Audiencia de Navarra, que si bien consideró que concurría la misma, lo hacía de manera incompleta, es decir, para rebajar la pena pero no para decretar la absolución.

El supuesto de hecho es el siguiente: En el curso de una discusión de pareja el varón tras cerrar las puertas y bajar las persianas empezó a pegar a la mujer, lanzándola al suelo, tirándole de los pelos, aprisionándole la cabeza con la rodilla y mordiéndole la oreja derecha, a la par que le puso un cuchillo de cocina en el cuello mientras le decía que la iba a matar y que esa noche a lo mejor la violaba.

Aprovechando que el varón dejó el cuchillo momentáneamente, la mujer lo cogió y lo dirigió hacia el varón causándole una herida en el tórax de escasa longitud.

La Audiencia de Navarra descartó la aplicación completa de la eximente de legítima defensa, al considerar que la actuación de la mujer no cumplía el requisito de la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión ilegítima.

Recordar en este punto que son 3 los elementos que deben concurrir para apreciar la legítima defensa:

- Agresión ilegítima

- Necesidad racional del medio empleado para repeler la agresión.

- Falta de provocación suficiente.

Pues bien, el Supremo considera que no desproporción en la reacción de la mujer, (necesidad racional del medio empleado para repeler la agresión), a la vista de las circunstancias concurrentes: víctima de menor fortaleza física que el agresor, arrojada al suelo y anulada. 

Dice el alto tribunal que: "No es sencillo imaginar otra acción acción defensiva idónea. Máxime si se tiene en cuenta que solo causó una herida leve y que tras comprobar que la agresión ya sí debía tenerse por cesada y el peligro conjurado, depuso esa actitud sin intentar realizar nuevos apuñalamientos y auxiliando al varón.